El Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen que reforma la Ley de Amparo, tras sesión celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada en lo general y con algunas modificaciones, y en votación en comisiones el documento fue remitido al Pleno para su discusión y eventual aprobación final. De acuerdo con el Senado, el acuerdo fue respaldado principalmente por senadores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), mientras que la oposición —conformada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— votó en contra.
El dictamen introduce cambios relevantes en varios aspectos de la Ley de Amparo, principalmente en la digitalización de los juicios, la redefinición del interés legítimo y el establecimiento de plazos específicos para la emisión de sentencias. Conforme al texto aprobado, se establece un plazo máximo de 90 días para que los tribunales emitan una resolución, con la intención de agilizar los procesos judiciales.
Además, la reforma modifica las condiciones bajo las cuales se puede reclamar el interés legítimo en defensa de derechos colectivos, una figura que permite a ciudadanos interponer recursos de amparo para proteger derechos específicos. Este cambio ha sido uno de los puntos que ha generado discusión entre especialistas y organizaciones civiles, que han señalado posibles limitaciones para el acceso a la justicia. Sin embargo, legisladores aliados sostienen que la medida busca evitar dilaciones y mejorar la eficiencia judicial.
En términos de contexto, la Ley de Amparo es un instrumento constitucional en México que protege los derechos humanos y los actos de autoridad que vulneran garantías individuales. La presente iniciativa fue enviada al Senado el 15 de septiembre de 2025 por la presidenta Sheinbaum, como parte de su agenda legislativa en materia de justicia.
El dictamen aprobado será enviado a la Cámara de Diputados para iniciar su análisis y posible aprobación. Hasta ahora, no hay un calendario oficial para la discusión en ese órgano. Tampoco se ha informado sobre la puesta en marcha de mecanismos de evaluación o seguimiento de la reforma una vez que entre en vigor. La oposición y algunos expertos han solicitado revisiones adicionales para evitar que la reforma afecte el acceso efectivo a la justicia.
La discusión pública y legislativa en torno a la Ley de Amparo continúa abierta, con distintas posiciones sobre su alcance y efectos concretos en el sistema judicial mexicano.
